Denunciamos que los gobiernos europeos son cómplices de espantosos abusos contra personas refugiadas y migrantes en Libia. También vamos a Rusia, donde se ha sofocado un movimiento crítico de la sociedad civil bloqueando cinco páginas web. Estaremos asimismo en Irán, donde se ha confirmado la condena a muerte de un académico. Y cerraremos este boletín en Irlanda, donde las organizaciones de derechos humanos, entre ellas Amnistía Internacional, están amenazadas por una nueva ley draconiana.
Complicidad de Europa en los abusos contra migrantes de Libia
Los gobiernos europeos están siendo cómplices, a sabiendas, en la tortura y los abusos cometidos contra decenas de miles de personas refugiadas y migrantes detenidas en condiciones atroces en Libia por las autoridades de inmigración libias. Así lo ha manifestado Amnistía Internacional en un informe publicado hoy, tras la indignación mundial desatada por la venta de migrantes en Libia.
El informe expone con detalle la manera en que los gobiernos europeos apoyan activamente el sofisticado sistema de abusos y explotación de personas refugiadas y migrantes utilizado por la Guardia Costera libia, las autoridades encargadas de la detención y los traficantes de personas para impedir que la gente cruce el Mediterráneo.
Cientos de miles de personas refugiadas y migrantes atrapadas en Libia están a merced de las autoridades libias, las milicias, los grupos armados y los traficantes de personas que a menudo trabajan en estrecha colaboración para obtener beneficios económicos. Decenas de miles de personas permanecen recluidas indefinidamente en centros de detención llenos a rebosar donde sufren abusos sistemáticos. Los gobiernos europeos no sólo son plenamente conscientes de estos abusos; además, al apoyar activamente a las autoridades libias para que detengan las travesías por mar y retengan a la gente en Libia, son cómplices de estos delitos, denuncia la organización.
Represión en Rusia
El 11 de diciembre pasado la fiscalía rusa bloqueó cinco sitios web del movimiento Rusia Abierta, fundado por un ex preso de conciencia ruso y crítico del Kremlin. Esta decisión muestra como las autoridades rusas están sometiendo a hostigamiento a Rusia Abierta en un intento de sofocar la disidencia y el pluralismo en los medios de comunicación rusos y de eliminar la presencia de opositores en la política y la sociedad del país.
Tras la prohibición en abril de las secciones de Rusia Abierta registradas en Reino Unido, la fiscalía aseguró que la prohibición no afectaría a las actividades del movimiento del mismo nombre con sede en Rusia, algo que ahora ha resultado ser mentira. Las personas activistas de Rusia Abierta en Rusia también han sido sometidas a hostigamiento a través de múltiples interrogatorios y registros del personal y las oficinas de la organización.
Pena de muerte a un académico iraní
El Tribunal Supremo de Irán confirmó la condena a muerte de Ahmadreza Djalali, especialista en medicina de urgencias residente en Suecia y nacido en Irán, mediante un procedimiento secreto y apresurado y sin permitir que la defensa presentara documentación alguna el pasado 8 de diciembre.
Los abogados del académico han asegurado que se confirmó sumariamente la condena a muerte sin darles la oportunidad de presentar documentación para la defensa de su cliente.
Para Amnistía Internacional esto no es sólo es un impresionante atentado contra el derecho a un juicio justo, sino también un desprecio total hacia el derecho a la vida de Ahmadreza Djalali. Por ello, las autoridades iraníes deben anular inmediatamente esta condena a muerte y concederle el derecho a presentar ante la máxima instancia judicial un recurso significativo contra su declaración de culpabilidad. No hacerlo sería una injusticia irreversible.
Ley draconiana que ataca a organizaciones de derechos humanos en Irlanda
Los grupos de derechos humanos de Irlanda están siendo injustamente atacados por una ley draconiana que podría utilizarse para penalizar a las organizaciones de activistas, ha asegurado Amnistía Internacional Irlanda. La organización, por su parte, podría ser sometida a una investigación penal y a un posible procesamiento tras comunicársele que la ley prohíbe una donación que recibió del extranjero.
La oficina en Dublín de Amnistía deberá devolver la subvención de 137.000 euros que recibió el año pasado de la organización Fundaciones para una Sociedad Abierta (OSF). De no hacerlo, cometería un delito en virtud de la Ley Electoral de Irlanda. La subvención se efectuó para apoyar una campaña que garantizara que las leyes sobre el aborto en Irlanda respetan los derechos humanos.
Ver en línea : Amnistía Internacional
Comentarios
Hay que arreglar el audio. Se escucha mal :(