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Comentarios
Creo que tendrían que valorar cada caso de forma individual. Niña de 18 años, con un grado de discapacidad del 79% (deficiencia-retraso mental,deficiencia expresiva) y la necesidad de una 3ª persona para la vida diaria (valorada por el equipo de valoración y orientación) con un nivel de comprensión equivalente a 3 años y dos meses (valoración por test neuropsicológico). Sus padres, con todo el pesar del mundo, inician su incapacidad, en un Juzgado de 1ª Instancia de Sabadell, cosa que por parte del Juez titular de dicho Juzgado, les es concedida. Nunca imaginé, lo duro que podría resultar para unos padres, solicitar judicialmente, la incapacidad para un hijo. La madre me comentaba, con lágrimas en los ojos : "Parece que me quitan una parte de mi hija" Duro, costoso y devastador para los padres y sin embargo, un caso más, sin pizca de sensibilidad por parte del fiscal, que recurre dicha Sentencia. ¿El motivo? Que si bien, reconoce la incapacidad de la niña, para el fiscal tiene la "capacidad" para poder ejercer su derecho de voto. Los casos de incapacidad, no deben ser tratados como un expediente más, que se implique un poco de sensibilidad. Que se pongan, por un momento, en el lugar de los padres. Que piensen en el dolor, totalmente innecesario, que se les produce, al recurrir una Sentencia así, también que piensen un poco en el gasto que se les genera y sobretodo que eviten el daño psicológico que se les vuelve, gratuitamente a hacer, a esos padres.