La detención de Feliciano Valencia la semana pasada dejó en claro, de nuevo, que es un hombre al que las gentes y las instituciones cada vez que lo hacen noticia, de manera súbita y simultánea lo ubican, unos, en alto grado de heroísmo, aprecio, respeto, cariño o amor y los otros, en el más bajo nivel de rencor, antipatía, odios, inclusive de resentimientos y prevenciones. Feliciano no tiene opción: a él sólo se le juzga en blanco y negro; todo o nada; exonerado de todo cargo antes o condenado hoy a 18 años de prisión por el mismo caso; dirigente indígena que conduce a un pueblo hacia su liberación o peligroso delincuente que atenta contra la propiedad privada, preciado aliado o temible enemigo…
Proclama del Cauca propició el sábado pasado, en el programa Política desde la Barrera, que dirige el periodista Luis Alberto Barrera Moreno, unas entrevistas radiales, casi simultáneas, con dos mujeres que representan aquellos extremos: Aida Quilcué, indígena Nasa de Tierradentro, exconsejera mayor del CRIC, quien era la vocera oficial de la Minga de Resistencia Social y Comunitaria del 2008, cuando se le sindicó a Feliciano Valencia del supuesto secuestro de un militar infiltrado en dicha minga. Declarada víctima del conflicto armado porque miembros del Ejército Nacional en ése mismo año le asesinaron a su esposo, el líder indígena Edwin Legarda Vásquez, por lo cual fue condenado el grupo de militares que resultó responsable.
También estuvimos la otra orilla, con Diana Perafán, madre de un niño de 12 años cuyo padre es Feliciano Valencia. Diana Socorro Perafán Hurtado ha denunciado a la dirigencia indígena tradicional argumentando, entre otras cosas, que las víctimas de la masacre del Nilo no han sido reparadas, que incluso muchas fueron estafadas por el colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Tiene acusado ante la justicia ordinaria a Feliciano por violencia intrafamiliar e inasistencia alimentaria. De ella se ha dicho en algunos círculos que la persecución contra los dirigentes del CRIC y la ACIN comenzó desde los señalamientos realizados por el gobierno del expresidente Álvaro Uribe Vélez, de ser "politiqueros al servicio del terrorismo" estigmatizando al movimiento indígena.
En fin, Aida dice en sus declaraciones que la captura de Feliciano Valencia Medina no es jurídica sino política, por el hecho de pensar diferente, por ser indígena; y sostiene que las autoridades indígenas no están desacatando la justicia ordinaria, sino que exigen respeto por la autonomía de los pueblos y su jurisdicción propia que es también constitucional. Al respecto dijo que agotarán la ruta jurídica para lograr la liberación de Feliciano y remata afirmando que “para construir la paz hay que construir un Cauca posible y diferente”.
Por su parte, Diana Perafán cuestiona al afirmar que “deben entender que la jurisdicción indígena no está por encima de la Constitución Nacional, y ellos quieren hacer del secuestro un evento político…” Es más, Diana dice que “Feliciano y la dirigencia indígena no le quieren decir toda la verdad a la comunidad…”, insinuando que posiblemente tienen relaciones trascendentes con la guerrilla de las FARC. Aclara que “no hemos mezclado asuntos personales en la controversia con los dirigentes indígenas, incluso destaca que “hay que replantear el asunto de los niños en la justicia indígena porque lo que ha ocurrido con mi hijo, también ha sucedido con muchos otros…”. Diana ratificó que tuvo que emigrar del departamento del Cauca porque ha sido víctima de amenazas y atentados contra su seguridad física.
Premium
Plus
Comentarios